En 1998, Abuelas de Plaza de Mayo inició una causa judicial por la apropiación de Claudia Poblete, secuestrada a los ocho meses de edad. En 2000, el CELS presentó una querella contra los responsables de la desaparición forzada de José Liborio Poblete y Gertrudis Hlaczik, padre y madre de Claudia. Los organismos de derechos humanos sostuvieron que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida debían ser declaradas nulas por contradecir las normas internacionales de protección de los derechos humanos. El 6 de marzo de 2001 el juez Gabriel Cavallo declaró que ambas leyes eran contrarias a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos vigentes al momento de su sanción y decretó su invalidez, inconstitucionalidad y nulidad. Esta decisión fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en junio de 2005.