Su antecedente inmediato fue el Operativo Independencia, ordenado a principios de 1975 por el gobierno constitucional en la provincia de Tucumán, en el norte del país, que fue el epicentro de la política de detención clandestina, tortura y desaparición forzada que luego se implementaría en todo el país.
Para poner en práctica la represión, la Junta Militar –integrada por el Ejército, la Armada y la Marina– dividió el país en cinco zonas, que estuvieron a cargo de diferentes unidades del Ejército. La Secretaría de Inteligencia del Estado y las dependencias de inteligencia militares y policiales tuvieron un rol clave en la persecución. La columna vertebral del sistema fueron los centros clandestinos de detención: 814 lugares de privación de la libertad ubicados en predios militares y policiales, y en otras dependencias. Allí fueron llevadas miles de personas secuestradas por las Fuerzas Armadas y policiales; muy pocas sobrevivieron, la mayor parte fueron asesinadas. Se estima que 30 mil militantes políticos, dirigentes sindicales, estudiantes, obreros, periodistas, integrantes de organizaciones armadas y/o de base fueron víctimas de la represión.