El primer proyecto de ley para declarar nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fue presentado por la entonces diputada Patricia Walsh a principios de 2002. No obtuvo quórum para ser tratado en el Congreso de la Nación hasta agosto de 2003, luego de la asunción del presidente Néstor Kirchner quién promovió su tratamiento. El 21 de agosto, con una votación favorable en el Senado de la Nación, se sancionó la Ley 25.779 que declaró insanablemente nulas las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.

El 25 de marzo de 1998, al cumplirse 22 años del golpe militar, el Congreso de la Nación dictó la ley 24.952 por medio de la cual derogó las leyes de impunidad. Tal derogación no tenía efecto retroactivo por lo que fue necesario avanzar con la nulidad de estas leyes para revertir de manera efectiva la impunidad.