Este juicio, que comenzó en 2014, analizó de manera integral el circuito represivo de la provincia de Mendoza. Concluyó que fue ejecutado por el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Provincial, la Policía Federal y la policía penitenciaria. Además de 21 militares y policías, fueron condenados cuatro funcionarios judiciales –los jueces federales Luis Miret y Rolando Carrizo, el fiscal federal Otilio Romano y el defensor público oficial Guillermo Petra Recabarren– como responsables de delitos como tormentos, homicidio y privación abusiva de la libertad, entre otros. El tribunal consideró que los funcionarios judiciales omitieron realizar actos que eran propios de sus funciones, habilitando delitos de lesa humanidad. El rechazo de habeas corpus e ignorar las denuncias presentadas por las y los familiares de desaparecidos y desaparecidas fueron algunas de las prácticas judiciales que fueron consideradas parte de la responsabilidad judicial con el plan sistemático.