Desde los primeros días posteriores al golpe, familiares de las personas detenidas, con la asistencia de abogados y abogadas, interpusieron recursos de amparo o habeas corpus con el objetivo de conocer su paradero y asegurar su protección. El primer amparo fue presentado el 14 de septiembre de 1973 por Bernardo Leighton, en favor de varios ministros del gobierno de la Unidad Popular, y al igual que la práctica totalidad de los recursos presentados durante la dictadura, fue rechazado. Los esfuerzos de denuncia jurídica se mantuvieron, sin embargo, durante toda la dictadura, y aunque no lograron los resultados perseguidos en ese momento, fueron decisivos para la documentación de los hechos y su posterior prueba. El rol de las organizaciones de la sociedad civil y de los familiares fue clave para sostenerlos.  

Un hito en ese largo camino en la búsqueda de verdad y de justicia fue la interposición por el Comité de Cooperación para la Paz en Chile del primer recurso de amparo masivo, en favor de 131 personas que permanecían detenidas desaparecidas. Después de ocho meses de espera infructuosa, el recurso fue rechazado. El alegato público del abogado Héctor Valenzuela ante la Corte Suprema, en la apelación de esa decisión, logró que la Corte, a pesar de confirmar el rechazo, designara un ministro en visita para investigar los hechos. Sin embargo, el magistrado terminó declarándose incompetente en favor de la justicia militar y la causa fue finalmente archivada.