El 16 de octubre de 1998, mientras se recuperaba de una intervención médica, Augusto Pinochet fue detenido en Londres en cumplimiento de una orden internacional dictada en España por el juez de la Audiencia Nacional Baltazar Garzón, para obtener su extradición en el marco de la investigación que instruía por genocidio, terrorismo, detenciones ilegales seguidas de desapariciones, torturas y otros delitos.  

El proceso judicial español constituyó un ejemplo de justicia transnacional y un caso pionero en la aplicación de la jurisdicción universal, para la persecución de crímenes especialmente graves dondequiera que se hayan cometido y sin importar la nacionalidad de las víctimas. La decisión final de la Cámara de los Lores, del 24 de marzo de 1999, descartó que Pinochet pudiera alegar su inmunidad como ex jefe de Estado frente a crímenes internacionales y autorizó que se procediera con su extradición por los crímenes de tortura y conspiración para torturar que hubieran sido cometidos después del 29 de septiembre de 1988, fecha en la que la tortura fue tipificada en Gran Bretaña como delito extraterritorial, perseguible universalmente. 

La extradición fue resuelta el 8 de octubre de 1999, pero tras diversas solicitudes del gobierno chileno, Pinochet fue sometido a nuevos exámenes médicos y finalmente el 2 de marzo de 2000 el ministro del Interior británico Jack Straw resolvió autorizar su retorno a Chile por razones humanitarias, al no encontrarse en condiciones de salud para enfrentar un juicio. Tras quinientos tres días bajo arresto domiciliario el exdictador volvió al país, donde el mismo día de su arribo los querellantes en el caso Caravana de la Muerte solicitaron su procesamiento.