A pocos días del retorno de Augusto Pinochet al país tras su arresto en Londres, el juez Juan Guzmán solicitó su desafuero, un paso necesario para remover la inmunidad parlamentaria que el exdictador ostentaba como senador vitalicio y poder someterlo a proceso por el secuestro calificado de diecinueve personas y el homicidio de otras cincuenta y cinco en el marco del caso Caravana de la Muerte. El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió por catorce votos contra seis su desafuero el 8 de agosto de 2000 y la Corte Suprema ratificó la decisión el 8 de agosto del mismo año. 

Quedaba de ese modo abierto el camino a su procesamiento, el que fue decretado por el juez Juan Guzmán el 1 de diciembre de 2000. El proceso se siguió tramitando hasta que el 9 de julio de 2001, la Corte de Apelaciones resolvió el sobreseimiento temporal de Pinochet por demencia. Más tarde, el 1 de julio de 2002, la Corte Suprema declaró su sobreseimiento definitivo en esa causa por enfermedad mental incurable. Otras causas contra el exdictador se mantuvieron, sin embargo, abiertas, produciéndose incluso un nuevo desafuero, confirmado por la Corte Suprema, en el caso Operación Cóndor. Aunque no llegó a ser condenado, al momento de su muerte en 2006 acumulaba más de trescientos cargos judiciales.