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hechos

El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile ejecutaron un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, marcando el inicio de una dictadura civil-militar que se extendió por diecisiete años.

Si bien antes del golpe existieron hechos de insubordinación militar, como la sublevación del 29 de junio de 1973, el 11 de septiembre marcó la ruptura del orden democrático en Chile y el inicio de una política de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La Junta Militar declaró el estado de sitio, disolvió el Congreso y los partidos políticos, impuso censura a la prensa y suspendió derechos civiles. Comenzó así una represión que incluyó detenciones, ejecuciones, desapariciones forzadas, tortura, prisión política y exilio. Esta política no se dirigió solo a militantes políticos, sino también a personas consideradas “sospechosas” o “enemigas” por razones ideológicas, sociales, territoriales, de género, edad o pertenencia étnica. Entre las víctimas hubo campesinos, obreros, estudiantes, profesionales, mujeres embarazadas o detenidas con hijos, sujetos pertenecientes a pueblos originarios, personas sin militancia y jóvenes menores de edad. Muchas fueron arrestadas en sus hogares, trabajos o centros de estudio. Estadios, regimientos, escuelas y otros espacios fueron usados como centros de detención en todo el país. 

testimonios orales

Según el Informe de Verdad y Reconciliación (1991), entre septiembre y diciembre de 1973 se concentra el 57% de las víctimas de la dictadura: 1.832 personas fueron ejecutadas o hechas desaparecer. En este período se inscriben crímenes como los cometidos por la “Caravana de la Muerte”, que ejecutó prisioneros en distintas ciudades del país.

Desde 1974, con la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la represión se institucionalizó mediante un sistema clandestino y selectivo, operando en coordinación con aparatos represivos del Cono Sur a través de la Operación Cóndor. Según el Informe de Prisión Política y Tortura (2004), más de 1.100 recintos oficiales o clandestinos fueron usados para la represión. En 1977, por presión internacional, la DINA fue reemplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI), la cual mantuvo las prácticas criminales hasta el fin de la dictadura. 

Las cifras oficiales reconocen a 1.469 detenidos desaparecidos (según cifras del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia), 2.123 ejecutados políticos y 38.254 víctimas de prisión política y tortura (según datos de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura).