Etapa de denuncia y documentación 

Miles de recursos de amparo fueron interpuestos con la asistencia de organizaciones como el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, la Vicaría de la Solidaridad, que lo sucedió, o la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU). También se presentaron denuncias por presunta desgracia para que se investigara el creciente número de personas detenidas desaparecidas y querellas por homicidio ante las ejecuciones, así como peticiones de ministros en visita cuando se producían acontecimientos que causaban especial conmoción -como ocurrió con el montaje comunicacional referido a 119 detenidos desaparecidos, conocido como Operación Colombo, en 1975, o con los hallazgos de restos en los hornos de Lonquén, en 1978.  Esos esfuerzos resultaron infructuosos. A pesar de la aparente continuidad del funcionamiento del poder judicial tras el golpe de Estado, la denegación de justicia y de tutela predominó casi sin contrapeso. La falta de celo en la investigación, el recurso de los tribunales superiores a medidas disciplinarias y a obstáculos en la carrera judicial para presionar a los jueces proactivos y la claudicación de todo esfuerzo por controlar a la justicia militar, a la que se terminaron derivando la mayor parte de los procesos para su rápido sobreseimiento y archivo, determinaron una situación de impunidad, que la dictación, en 1978, del decreto ley de Amnistía contribuyó a consolidar. Sin embargo, la sostenida acción judicial de las organizaciones de derechos humanos permitió documentar la violencia sistemática del Estado y formar un registro sin precedentes, por su rigor, alcance y detalle, que fue clave para los procesos de verdad y de justicia una vez recuperada la democracia.