Al finalizar la dictadura, la estrategia del gobierno de Raúl Alfonsín fue llevar a juicio a los integrantes de las juntas militares que habían detentado el poder entre 1976 y 1983. Estos procesos judiciales debían ser realizados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA) de acuerdo al Código de Justicia Militar.