Diversos procesos judiciales en varios países han corroborado la existencia de un mecanismo de cooperación y coordinación entre los organismos represores de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, que operó en la década de los 70 para perseguir y eliminar a los opositores de esos gobiernos que se encontraban refugiados o exiliados en el exterior. El Plan Cóndor, una verdadera asociación ilícita sin fronteras -como reconoció la primera sentencia judicial dictada en Argentina el 2016-, se constituyó formalmente a través de un acuerdo suscrito el 28 de noviembre de 1975 en Santiago por las jefaturas de los servicios de inteligencia involucrados e hizo posible el secuestro, el desplazamiento clandestino entre países y la desaparición de cientos de personas.
Un hito en la reconstrucción de la participación de la DINA y su Departamento Exterior en esa estructura de coordinación represiva fue la sentencia de la Corte Suprema con que concluyó la causa denominada Episodio Operación Cóndor, que fue inicialmente tramitada por el juez Juan Guzmán junto a las demás querellas presentadas contra Pinochet. Ella confirma la condena de 22 agentes de la disuelta DINA por los secuestros calificados de Jorge Fuentes Alarcón, Julio Valladares Caroca, Juan Hernández Zazpe, Manuel Tamayo Martínez, Luis Muñoz Velásquez, Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones; y los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Ace. La sentencia de casi mil páginas establece mediante diversas pruebas las forma en que varias de las víctimas fueron detenidas fuera de Chile –en Paraguay, en Bolivia y en Argentina-, trasladadas clandestinamente a Chile y entregadas a agentes de DINA, mantenidas en centros de detención y exterminio, como Villa Grimaldi y el cuartel Simón Bolivar, y luego hechas desaparecer.
Además de confirmar las penas de presidio efectivo a las que fueron condenados los agentes, la sentencia dispuso diversas medidas de reparación simbólica que fueron solicitadas por la querellante Paulina Veloso, viuda de Alexei Jaccard, en su memoria y de las demás víctimas, por lo que representa también un avance relevante en la interpretación del derecho a la reparación integral.