El 13 de diciembre, tres días después de asumir la presidencia, Raúl Alfonsín anunció por cadena nacional que enviaría un proyecto al Congreso para declarar inconstitucional e insanablemente nula la Ley de Pacificación Nacional (22.924, conocida como ley de autoamnistía) que había firmado Reynaldo Bignone, el 22 de septiembre anterior, y que declaraba extinguida la persecución penal de las acciones “dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin” a las “actividades terroristas o subversivas”.

El mismo día, Alfonsín ordenó el procesamiento de los jefes de las organizaciones armadas que habían actuado en el país desde fines de la década del sesenta (decreto 157) y de los integrantes de las tres primeras juntas militares que usurparon el poder entre 1976 y 1983 (decreto 158). El 29 de diciembre, el Congreso de la Nación anuló la ley de autoamnistía.

Estas decisiones abrieron el camino para los primeros juicios: el Juicio a las Juntas (en 1985) y el juicio a Ramón Camps, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires (en 1986). Además, siete integrantes de Montoneros y del ERP fueron procesados y dos de ellos, juzgados.