Las primeras denuncias que buscaban que el Poder Judicial investigara la represión clandestina fueron realizadas por las víctimas y sus familiares durante la dictadura. Ante la desaparición de personas, se presentaron cientos de habeas corpus, que en el momento no dieron el resultado buscado pero que más adelante serían fundamentales para probar los hechos.

En algunos casos excepcionales, esas primeras presentaciones sí lograron que se iniciara una investigación, que en ese momento no condujo a determinar responsabilidades penales pero sí inició el largo camino de la recolección de pruebas y la reconstrucción de la verdad.

El 2 de agosto de 1978, Paulino Guarido se presentó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción n° 3,  a cargo del juez Carlos Oliveri, y denunció que había estado cautivo, junto con Mónica Piñeiro, su esposa. Guarido tenía 22 años y era militante de Vanguardia Comunista;  había sido detenido en julio junto con un grupo grande de militantes de esa organización. Al declarar, no sabía cuál era el lugar en qué había estado secuestrado. Así comenzó la causa 35.040/ 78 que tuvo su curso y llegó a ubicar y describir el sitio de privación ilegal de la libertad y tortura: el centro clandestino de detención El Vesubio, en La Matanza, provincia de Buenos Aires. El primer juicio por los crímenes cometidos en este centro clandestino comenzaría más de treinta años después, en febrero de 2008.