El 5 de febrero de 1975, el Poder Ejecutivo Nacional, a cargo del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, firmó el decreto secreto 261/75 que instruyó al Comando General del Ejército a “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”. El 8 de febrero las fuerzas militares y de seguridad se instalaron en la provincia y dieron inicio al Operativo Independencia: la eliminación de opositores políticos de manera sistemática se realizó a través de secuestros, privación de libertad en centros clandestinos de detención, homicidios y desapariciones. El Operativo Independencia instaló un aparato de control social en las zonas rurales de la provincia cuyo objetivo fue sembrar el terror. La metodología de los centros clandestinos de detención comenzó a funcionar en esta provincia en la Escuelita de Famaillá.

El juicio involucró a 270 víctimas y culminó en 2016 con diez condenados, entre militares y policías por delitos que el tribunal consideró de lesa humanidad. “Si se examina en particular el sistema represivo articulado en Tucumán se advierte que el plan sistemático y generalizado de represión contra la población civil se despliega y aparece plenamente articulado a principios de 1975”, sostuvo en sus fundamentos.