El 1 de diciembre de 1978 la Vicaría de la Solidaridad hizo público el descubrimiento de osamentas humanas en los hornos en desuso de una mina de cal cerca de Lonquén, a partir de la información recibida por un sacerdote en secreto de confesión. Ese mismo día se presentó la denuncia ante el Presidente de la Corte Suprema, solicitando que el Tribunal en pleno tomara conocimiento de ella. Excepcionalmente, ante la magnitud del hallazgo, el Pleno de la Corte designó como Ministro en Visita Extraordinaria al Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Adolfo Bañados Cuadra. 

Comenzó así una investigación judicial que dio lugar a inusitados resultados, pues el ministro llegó a tener por acreditado que los restos encontrados pertenecían a las quince personas detenidas por carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo el 7 de octubre de 1973 y que la versión de supuestos enfrentamientos, planteada por el capitán Lautaro Eugenio Castro Mendoza, era falsa. Al determinar la posible responsabilidad de carabineros, el 4 de abril de 1979, Adolfo Bañados se declaró incompetente y la causa pasó a la justicia militar. El 16 de agosto del mismo año el Fiscal Militar a cargo decretó el sobreseimiento definitivo del proceso por aplicación del decreto ley de amnistía, el que fue confirmado luego por los tribunales superiores. La búsqueda de justicia solo encontraría cauce 26 años después, con el reinicio de la causa, que recién en 2018 recibió sentencia firme.