En un año marcado por las protestas y la movilización estudiantil, la noche del 26 al 27 de octubre fueron detenidos por agentes de la dictadura once estudiantes universitarios de Valparaíso. Al desconocerse su paradero, el Departamento Jurídico de la Comisión Chilena de Derechos Humanos interpuso en su favor recursos de amparo que no prosperaron, pero también una denuncia ante el Juzgado del Crimen de Valparaíso, que daría paso a una diligencia judicial excepcional en el contexto de esos años. Los abogados solicitaron que la autoridad judicial se constituyera en el centro clandestino de detención de la Central Nacional de Informaciones (CNI) ubicado en la calle Habana Nº 476, en Viña del Mar, donde suponía que podían haber sido trasladados ilegalmente los jóvenes. La visita fue realizada por el Juez del Quinto Juzgado del Crimen de Viña del Mar, Haroldo Brito.  

El 28 de octubre el juez Brito se presentó en el lugar en dos ocasiones, pues tras negársele primero toda información, volvió con auxilio de la fuerza pública. De ese modo pudo constatar que se trataba de un cuartel de la CNI utilizado ilegalmente como centro de detención –el primero cuya existencia fue oficialmente constatada- y que los jóvenes se encontraban en ese lugar y habían sido sometidos a apremios ilegítimos. Tras esa diligencia sin precedentes, los estudiantes fueron dejados en libertad. La molestia del régimen se expresó en el intento del Intendente de Valparaíso de que los tribunales superiores sancionaran al magistrado, a través de la presentación de una queja disciplinaria. Veinte años después, el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, confirmaba la existencia del recinto y su uso como centro de detención durante los años 1983 y 1984.