La causa por asociación ilícita dirigida contra varios miembros del enclave de colonos alemanes que se asentaron desde 1961 en la comuna de Parral y contra integrantes de la DINA representó un paso importante en el esclarecimiento de las estructuras represivas que operaron durante la dictadura y culminó con la confirmación de sus condenas por la Corte Suprema en 2016. Se tuvo por acreditada en el proceso “la existencia de una estructura con un claro protocolo de carácter militar; de la capacidad de producción propia de armamento y de acopio de otro ingresado clandestinamente al enclave; la existencia de un protocolo de civiles organizados militarmente, estructurado para cooperar en operaciones de apoyo y en conjunto a organismos de seguridad del antiguo régimen militar, en la persecución de parte de la población civil por razones políticas o ideológicas, el secuestro y desaparición forzada de personas integrantes de ese grupo; la colaboración activa en los secuestros, guiándose por un sistema de información y archivo de antecedentes, mantenido oculto”. A esas finalidades delictivas se sumaron el concierto para permitir que el líder de la estructura “cometiera abusos sexuales y violaciones sodomíticas en contra de menores” y para “provocar lesiones graves al propio grupo de civiles, conformado por un conjunto de colonos alemanes de la misma ex “Colonia Dignidad”, mediante tratamientos siquiátricos no obstante estar sanos, separándolos de sus padres”. 

Una prueba significativa en este proceso, que la Corte Suprema destaca en su sentencia, fue el hallazgo de un extenso archivo de fichas, confeccionado por uno de los condenados, en las que se descubrieron registros de interrogatorios de personas que se mantenían secuestradas en el enclave y que se encuentran hasta hoy desaparecidas.