La Corte Suprema confirmó el 13 de agosto de 2009 la condena contra varios miembros del Ejército por la remoción clandestina de los restos de los detenidos desaparecidos del caso “La Moneda”, quienes fueron tomados prisioneros en el palacio presidencial el mismo día del Golpe y ejecutados en los días siguientes. Esta sentencia acredita oficialmente la existencia de la llamada “Operación Retiro de Televisores”, una acción sistemática de encubrimiento ejecutada entre 1978 y 1979, ordenada por la dictadura militar para exhumar y volver a hacer desaparecer cuerpos previamente enterrados en fosas clandestinas.  

La persecución del delito de exhumación ilegal comienza a ser promovida también en la litigación en otros casos. Así, por ejemplo, para el caso Caravana de la Muerte en Calama hubo dos procesos: uno, por la ejecución extrajudicial de veintiséis personas en octubre de 1973, y otro, por la posterior remoción ilegal de sus restos en 1976, cuando varios cuerpos fueron exhumados, trasladados al aeropuerto El Loa y arrojados al mar. Ambas causas concluyeron con sentencias dictadas por la Corte Suprema el 23 de septiembre de 2022.