Tras el golpe de Estado de 1973, la Junta de Gobierno asumió los poderes ejecutivo, legislativo y constituyente, suspendiendo y modificando de hecho, mediante decretos leyes, la Constitución de 1925. La dictadura impulsó además una nueva arquitectura constitucional con el objetivo de institucionalizar, legitimar y proyectar su gobierno autoritario. En 1976 designó una “Comisión de Estudios de la Nueva Constitución”, que elaboró un proyecto, el que pasó luego por el Consejo de Estado y por la Junta de Gobierno, donde encontró su redacción final. El texto fue sometido el 11 de septiembre de 1980 a un plebiscito que se realizó con total ausencia de garantías democráticas. Sin registros electorales, con censura de la prensa y con los partidos políticos proscritos, el régimen dictatorial declaró aprobada la nueva Constitución con un 67% de los votos. 

Publicada el 24 de octubre de 1980, la nueva Constitución consagró un régimen presidencialista marcadamente autoritario. Establecía un Congreso de poderes limitados y con un tercio de sus senadores designados, que solo entraría en funciones en 1990. Además, contemplaba una serie de mecanismos institucionales que garantizaban la influencia militar en los futuros gobiernos, como la inamovilidad de los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas y la existencia y atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA).  

Aunque algunos de esos llamados “enclaves autoritarios” fueron objeto de modificaciones en 1989 y en 2005, la sombra de otros siguió pesando sobre la democracia chilena. La Constitución sufrió nuevas reformas significativas en 2020 y 2023, las que dieron lugar a dos procesos constituyentes que, sin embargo, concluyeron sin la aprobación de una nueva constitución.