En 1998, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una reforma de la policía bonaerense, decidió disolver la Dirección de Inteligencia (DIPBA). En 2001 su fondo documental fue cedido, a través de una ley, a la Comisión Provincial de la Memoria, que lo gestiona desde entonces. En los años siguientes, ese archivo aportó documentación relevante para los juicios de la verdad y, posteriormente, para los juicios que se realizaron a partir de 2005.

La reapertura del proceso de justicia incrementó los pedidos que desde el ministerio público fiscal y el poder judicial se enviaban a las distintas fuerzas armadas y de seguridad solicitando información necesaria para los procesos penales. En general, se resguardaban en el carácter secreto de la información para no aportar nada, o aportar muy poco. En 2010, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desclasificó, a través de un decreto, toda la información producida durante el período dictatorial o relacionada con él. Durante el mismo gobierno, se diseñó una política civil de investigación en los archivos de los ministerios de defensa y de seguridad que condujo a encontrar una gran cantidad de información registrada en documentos de distinto tipo que permitió investigar a integrantes del esquema represivo y probar hechos particulares. 

Entre 2016 y 2019, se hizo efectiva la desclasificación de los archivos de inteligencia de Estados Unidos entre 1975 y 1984. Estos archivos contienen información que necesita ser evaluada en su contexto de producción y que ha sido muy valiosa, por ejemplo en el proceso judicial sobre el Plan Cóndor.

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