Finalizada la guerra de Malvinas, la Jefatura de las Fuerzas Armadas desplegó acciones de inteligencia y de operación psicológica para evitar que las denuncias sobre torturas y vejámenes sufridos por los soldados a manos de sus propios jefes se hicieran públicas. Sin embargo, reclutados a su retorno del conflicto en Campo de Mayo, varios ex combatientes consignaron estos padecimientos en las fichas de recepción que debieron completar en ese recinto militar.

Recién en 2007 se presentaron las primeras denuncias judiciales solicitando que estos hechos fueran considerados delitos de lesa humanidad. La causa principal, que tramita en el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, fue nutrida desde diferentes organizaciones y querellas. Son 95 los imputados, y casi dos centenares de ex combatientes declararon como víctimas o como testigos sobre prácticas de estaqueo y enterramiento bajo temperaturas extremas durante varias horas, amenazas con arma de fuego, golpizas, pasaje de corriente eléctrica, sumersión de la cabeza en agua helada, y hambre extrema, entre otras.

En 2020 se produjo el primer procesamiento de cuatro militares por torturar a los soldados que se encontraban bajo sus órdenes. En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió un recurso contra el Estado argentino por su demora en garantizar justicia. En marzo de 2025, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un reclamo histórico de los excombatientes y habilitó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia decida si los hechos constituyen o no crímenes de lesa humanidad. El alto tribunal lleva acumulados, y aún sin resolver, 13 recursos sobre este tema.