A raíz del impulso a la litigación que supuso la detención de Augusto Pinochet en Londres y de la solicitud que manifestó en su declaración final la Mesa de Diálogo -una instancia constituida en 1999 con el propósito de avanzar en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada e  integrada por representantes del gobierno, de las fuerzas armadas y de las organizaciones de derechos humanos, cuyos resultados fueron, sin embargo, muy controvertidos- la Corte Suprema comenzó a implementar un sistema de gestión concentrada de los casos por crímenes de la dictadura a través de su asignación a jueces especializados. Aunque inicialmente la Corte Suprema sólo nombró dos ministros en visita para investigar las informaciones sobre posibles inhumaciones ilegales de restos en la Cuesta Barriga y en el Fuerte Arteaga, luego, el 26 de junio de 2001, designó a solicitud del Ministro de Justicia nueve ministros en visita con dedicación exclusiva y cincuenta y un jueces con dedicación preferente para investigar causas penales por violaciones a los derechos humanos, incluidas ciento catorce causas referidas a personas detenidas desaparecidas.  

Las designaciones fueron ampliadas y reiteradas en los años siguientes, y más tarde, en 2010, se nombró por primera vez a un ministro de la Corte Suprema como coordinador de las causas por violaciones de derechos humanos. El sistema de ministros en visita especializados se mantiene hasta la actualidad, bajo la modalidad de dedicación exclusiva y agrupación de las causas por delitos cometidos en una misma zona geográfica.