El año en que se cumplieron cuatro décadas desde el golpe de Estado, el Pleno de la Corte Suprema de Chile realizó un esperado –y hasta ese momento inédito- reconocimiento de que las muertes, desapariciones forzadas, detenciones irregulares y torturas y demás atropellos cometidos por el régimen dictatorial fueron posibilitados, en parte, por “la omisión de la actividad de los jueces de la época, que no hicieron lo suficiente” para determinar su efectividad y “principalmente de la Corte Suprema de entonces[,] que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas”, “negando de esta manera la efectiva tutela judicial de que gozaban los afectados”. La Corte declaró a renglón seguido la necesidad de reconocer con claridad esa “dejación de funciones jurisdiccionales” “para que ese comportamiento no se repita” y manifestó el compromiso “de sus mejores esfuerzos en el esclarecimiento de esta clase de delitos”, instando a todos los jueces de la República a persistir en esa tarea. 

Este acto institucional fue precedido por una declaración de la Asociación Gremial de Magistrados que, dos días antes, afirmaba que “no es posible eludir la responsabilidad histórica de nuestra judicatura” y pedía perdón a las víctimas, sus familias y la sociedad por la omisión de sus funciones cautelares durante la dictadura. La institución gremial instaba además a la Corte Suprema “a realizar la necesaria reflexión crítica en relación con sus propias actuaciones y omisiones” y a no desoír “la sentida solicitud de los jueces que aspiran a distanciarse de un oscuro pasado que involuntariamente han recibido como herencia”.