La enorme cantidad de documentación producida en las litigaciones y juicios ha constituido un acervo de memoria que ha sido puesto en circulación pública a través de diversas propuestas. Inicialmente, las primeras obras se concentraron en abordar los procesos judiciales iniciados en el contexto de la detención de Agusto Pinochet en Londres. Los documentales El caso Pinochet (Patricio Guzmán, 2001) y El juez y el general (Elizabeth Farnsworth y Patricio Lanfranco, 2008) presentan narrativas visuales donde los juicios son acontecimientos determinantes. Estos trabajos centraron la atención en los actores clave de las pesquisas, instalando en el debate público la pregunta por la responsabilidad institucional del Poder Judicial. 

Posteriormente, la producción cultural comenzó a utilizar los procesos de justicia y, sobre todo, los archivos de derechos humanos. Además, se comienza a observar la presencia de nuevas generaciones de directores en la elaboración de propuestas que recurren a la ficción histórica documentada para la escritura de series de televisión. En este contexto, destaca Los archivos del Cardenal (TVN, 2011–2014), una obra expresamente basada en el trabajo de la Vicaría de la Solidaridad. La segunda temporada de esta serie incorporó la búsqueda de justicia de algunos magistrados que enfrentaron a la dictadura, intentando eludir la Ley de Amnistía, trabajando con las agrupaciones de derechos humanos de la sociedad civil y visitando centros clandestinos de detención y tortura. 

También es posible señalar el impacto de la miniserie Ecos del desierto (Andrés Wood, 2013), la cual reconstruye la trayectoria de la abogada de derechos humanos Carmen Hertz en el marco del caso Caravana de la Muerte. Asimismo, se destaca Una historia necesaria (Hernán Caffiero, 2017), una serie de cortos audiovisuales que recrea testimonios de víctimas y familiares de la represión, sobre la base de información judicial y el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Al finalizar cada episodio, se exponían los antecedentes penales de los perpetradores de los crímenes. 

La búsqueda de justicia de los organismos de derechos humanos también ha sido abordada. En 2015, se estrenó Habeas Corpus (Claudia Barril y Sebastián Moreno), un reconocido documental que profundiza en la valiente e histórica labor de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura. Mediante la recopilación exhaustiva de fichas, maquetas y testimonios bajo juramento, el documental muestra cómo los funcionarios de este organismo identificaron centros de tortura, agentes de la DINA y patrones de secuestro. Destaca también cómo, a pesar del constante rechazo del Poder Judicial, la presentación masiva de recursos de amparo sirvió para dejar una constancia legal ineludible de los crímenes del Estado.

Un uso más directo del archivo judicial se observa en Las Cruces (Teresa Arredondo y Carlos Vásquez Méndez, 2018), documental sobre la ejecución y desaparición de diecinueve trabajadores en Laja y San Rosendo. La película se construye a partir de los antecedentes de la investigación judicial, exhibiendo fichas, fotografías, dibujos, mapas, reconstrucciones y fragmentos del expediente. En el ámbito de las sentencias asociadas a delitos de violencia sexual, destaca Haydee y el pez volador (Pachi Bustos, 2019), un documental que narra el cierre de un largo proceso judicial impulsado por la exprisionera política Haydee Oberreuter para condenar a quienes la torturaron y provocaron la pérdida del hijo que esperaba.

Con el paso del tiempo, nuevas generaciones de realizadores audiovisuales han abordado las derivaciones de la justicia hacia la identificación de perpetradores. Un caso relevante es El Pacto de Adriana (Lissette Orozco, 2017), un largometraje documental que narra el impactante proceso en el que la propia directora descubre que su tía, Adriana Rivas, fue en realidad una agente civil de los organismos represores. La historia inicia cuando Rivas, luego de ser procesada en Chile en 2007 por su vinculación con el Caso Conferencia, aprovecha la libertad condicional para fugarse a Australia. En el contexto del avance de la investigación judicial que busca traer a Rivas de regreso a Chile, la directora se enfrenta a un profundo dilema moral al descubrir la cruda realidad sobre su tía como antigua secretaria personal de Manuel Contreras.

Por otro lado, desde la dictadura y hasta el presente, las litigaciones y procesos judiciales relativos a las violaciones a los derechos humanos han encontrado una manifestación relevante en el trabajo de las arpilleras. Estos bordados son manifestaciones de artesanía comunitaria que han representado la centralidad de la justicia en la labor de resguardo de la memoria y la promoción de los derechos humanos. Organizadas inicialmente bajo el amparo de las iglesias, al interior de los organismos de familiares de víctimas de la represión dictatorial, las arpilleristas han logrado plasmar en sus obras la denuncia y las demandas de justicia.

Finalmente, en el ámbito museal, la exposición Juzgar y filmar. Los juicios por crímenes de lesa humanidad, una muestra del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (2023), dio cuenta del proceso de justicia en Chile a partir de registros audiovisuales de algunos de los principales hitos judiciales del país relativos a las violaciones de derechos humanos. Debido a su relevancia, la muestra ha continuado su difusión en otros espacios educativos y culturales, sirviendo como una herramienta pedagógica fundamental para estudiantes, académicos y público general. 

En definitiva, el desarrollo de la memoria cultural en Chile evidencia su creciente impacto en la comprensión social de los procesos de justicia. Las primeras obras narraron el acontecimiento judicial y destacaron a jueces y litigantes como referentes éticos. Luego, sentencias, expedientes y testimonios se transformaron en fuentes para nuevas representaciones y ficciones históricas. Actualmente, se consolida una dimensión pedagógica orientada a transmitir estas experiencias. Este tránsito, del relato judicial al archivo y de éste a la educación, muestra el valor de la memoria cultural para comunicar los avances de la justicia a nuevas generaciones.