Frente a la inefectividad de los recursos de amparo para hacer frente a la situación de las numerosas personas detenidas desaparecidas, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile comenzó en 1975 a requerir a los tribunales superiores la designación de ministros en visita para que, dada la gravedad y la conmoción pública que generaban los hechos, los investigaran con rapidez y dedicación exclusiva. Ese año se materializó uno de los montajes comunicacionales más abyectos de la dictadura, a través de la publicación en la revista Lea en Argentina y en la revista Novo O Día en Brasil de dos listas de 119 personas que habían sido denunciadas como detenidas desaparecidas y respecto de las cuales se informaba falsamente que habrían participado en enfrentamientos en el extranjero, información que fue reproducida sin ninguna verificación por medios nacionales. 

Frente a ello, el Comité realizó una solicitud de ministro en visita ante la Corte Suprema, que fue firmada por sus dos presidentes, el obispo de la Iglesia Católica Fernando Ariztía y el obispo de la Iglesia Luterana Helmut Frenz. La respuesta fue negativa, y lo mismo volvió a ocurrir con un nuevo requerimiento del 5 de septiembre de 1975. Más de cuarenta años después se logró reestablecer, en diversas causas judiciales, las responsabilidades por las desapariciones forzadas que pretendieron ser encubiertas a través de esa maquinación, designada en la jerga de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) como “Operación Colombo”.