Como medida vinculada al término del estado de sitio y del toque de queda que habían regido desde el golpe de Estado y bajo el argumento de la necesidad de “la reunificación de los chilenos”, la Junta Militar promulgó el Decreto Ley N.º 2.191, conocido como “Decreto Ley de Amnistía”. Publicado en el Diario Oficial el 19 de abril de 1978, el decreto regía para todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hubieran incurrido en hechos delictivos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y también para quienes hubieran sido condenados por tribunales militares, con posterioridad al golpe de Estado. Se excluyeron delitos contra la propiedad, delitos sexuales y otros que se suponían no vinculados a la violencia política y, por presión de Estados Unidos, también el asesinato del excanciller Orlando Letelier y su colaboradora Ronni Moffitt, perpetrado en Washington D.C. en 1976. 

La aplicación del Decreto Ley de Amnistía favoreció fundamentalmente a los agentes de la dictadura que habían participado de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, garantizando su impunidad. Con contadas excepciones, los tribunales sobreseyeron las causas en curso sin siquiera agotar la investigación de los hechos. En cambio, a la fecha del decreto, el número de personas privadas de libertad por motivos políticos era bastante bajo. Las que no habían sido ejecutadas o hechas desaparecer, habían recuperado la libertad o habían sido expulsados del país, después de pasar meses o incluso años en diferentes recintos donde, muchas de ellos, fueron sometidas a torturas.  Así, según registros de la Vicaría de la Solidaridad circunscritos a la Región Metropolitana, la dictación de la amnistía permitió la liberación de 387 presos políticos. Ello contrasta con el número de personas que sufrieron prisión política entre 1973 y 1977, cifra que considerando sólo los casos oficialmente reconocidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura alcanza a más de 24 mil. Por otra parte, de esos pocos beneficiados por la amnistía, varios fueron expulsados inmediatamente del país y algunos fueron detenidos por la Central Nacional de Informaciones luego de recuperar la libertad.