En un nuevo pronunciamiento contra el Estado de Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró su responsabilidad internacional por la violación al derecho de protección judicial en perjuicio de Omar Humberto Maldonado Vargas y otros 11 antiguos miembros de la Fuerza Aérea de Chile, que fueron sometidos a Consejos de Guerra tras el golpe de Estado. Relevando el rol de las acciones judiciales en la construcción de verdad y de memoria, la Corte considera vulnerado su derecho al no haber dispuesto de un recurso efectivo para dejar sin efecto esos procesos que, bajo una apariencia de pretendida legalidad, vulneraron el debido proceso y tomaron en cuenta confesiones obtenidas bajo tortura para condenarlos a penas privativas de libertad. 

Asimismo, la Corte Interamericana estableció la responsabilidad del Estado por la excesiva demora en iniciar una investigación respecto a las torturas que sufrieron Omar Maldonado y otros tres de los requirentes, pues a pesar de que el Estado tomó conocimiento de ellas el año 2001, cuando interpusieron un recurso de revisión que fue rechazado, su investigación solo se inició en 2013, a raíz de una querella interpuesta por las víctimas.   

En cumplimiento de las medidas de reparación dispuestas, la Corte Suprema acogió el 3 de octubre de 2016 un recurso de revisión y anuló las sentencias en cuestión, a través de una interpretación de sus causales que ha sido luego reiterada en varios casos posteriores.