Marcos Levín, propietario de la empresa de transporte La Veloz del Norte, fue el primer empresario condenado por crímenes de lesa humanidad. Levín fue encontrado culpable de haber reclamado la intervención militar y policial en un conflicto sindical y de haber aportado información para facilitar secuestros de trabajadores.

El avance de las investigaciones penales por la participación empresaria en los crímenes del terrorismo de Estado ha sido extremadamente dificultoso a lo largo de todo el proceso de justicia. El 7% de los civiles acusados por delitos de lesa humanidad son empresarios. La dictadura fue la oportunidad que vieron algunos directivos de empresas para resolver de manera represiva los conflictos laborales y aumentar sus ganancias. Pusieron a disposición de los militares recursos materiales, como autos e instalaciones, dieron listas de personas, y de esa forma pasaron a ser un eslabón más en la estructura del terrorismo de Estado.

En el predio de la empresa Ford se montó un centro clandestino de detención. En 2018, fueron condenados dos exjefes de la empresa por el secuestro de obreros de la planta de General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires. En el caso de la empresa Mercedes Benz, recién a fines de 2023 fue elevado a juicio el caso contra un exgerente de la empresa por el secuestro de dos operarios involucrados en demandas por las condiciones de trabajo. En las provincias de Jujuy y de Tucumán los ingenios azucareros funcionaron como centros clandestinos de detención: Carlos Blaquier, propietario de la empresa Ledesma en Jujuy, murió sin ser juzgado; el proceso por los crímenes cometidos en el ingenio La Fronterita llegará a juicio oral recién en 2025.